Nacional. A primeras horas de este martes 07 de julio y a un mes de posesionarse el nuevo gobierno, se conoció que, el electo presidente, Abelardo de la Espriella, indicó al vicepresidente electo y coordinador del equipo de transición, José Manuel Restrepo, suspender de manera inmediata el proceso de empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

"Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia", puntualizó De la Espriella, asegurando que, su "deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional".

"Estoy dando la instrucción a todos los miembros del Gobierno que tienen programadas mesas sectoriales de trabajo de suspender la realización de estas mesas, a todos los ministros y directores de departamentos administrativos, y preparar la presentación de la información que hay que entregar en el proceso de empalme; esta es una información pública que debe ser presentada a la Nación", precisó el ministro de Hacienda Germán Ávila después de que De la Espriella anuncio la suspensión del empalme.

La suspensión del empalme podría profundiza la crisis institucional que rodea el proceso de transición presidencial. Mientras el Gobierno saliente sostiene que el equipo entrante incurrió en señalamientos y acusaciones incompatibles con un empalme institucional, la administración electa afirma que no existen condiciones para continuar el proceso en los términos actuales.

Desde el punto de vista jurídico, el proceso de empalme es un mecanismo previsto para facilitar la transferencia ordenada de la administración pública y garantizar la continuidad del Estado. Aunque las reuniones conjuntas puedan suspenderse por decisión de las partes, las obligaciones legales relacionadas con la entrega de información y la transición administrativa permanecen vigentes y deben cumplirse conforme a la Constitución, la ley y bajo la vigilancia de los organismos de control.